Mitos sobre el dinero de la Iglesia en España

Con frecuencia la gente habla a nivel de calle sobre algunos aspectos de la Iglesia que pueden inducir a confusión. Uno de estos puntos es lo relacionado con el dinero de la Iglesia, dando a entender que existe algo “inconfesable”. Quizá las siguientes cuestiones puedan aportar algún detalle a nuestro actual saber.

Algunas ideas que circulan últimamente sobre la economía de la Iglesia en España y más en concreto sobre su relación con el Estado.

 La Iglesia es, económicamente, UNA gran entidad

Falso. Jurídica y administrativamente, la Iglesia católica no es UNA entidad. Son -textualmente- 40.000 entidades distintas, sólo en España. Son parroquias, órdenes, movimientos, asociaciones, fundaciones, organizaciones, diócesis... Cada una tiene su propio estatuto económico, cada una lleva sus propias cuentas, según las leyes civiles vigentes y según el derecho canónico. El tesorero de un obispado no tiene nada que ver con el de una ONG católica o con el de una parroquia. Hablar de "el dinero de la Iglesia" es como hablar de "el dinero de la sociedad civil": se refiere a muchas entidades distintas y de muy diversas funciones.

 En España, el Estado subvenciona a la Iglesia.

Falso. Son los ciudadanos quienes libremente asignan una cantidad de dinero a la Iglesia mediante la famosa "crucecita" del IRPF. El Estado no da ese dinero, lo dan los ciudadanos. El Estado lo único que hace es ayudar a recaudarlo.

El "sistema alemán" de financiación de la Iglesia es una alternativa que propone el Gobierno

 El secretario de Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, propuso hace unos meses recurrir a un sistema "similar al alemán", que según él es un “impuesto religioso voluntario y adicional” donde el Estado haría de mero recaudador. Ojalá esa propuesta fuera cierta, ya que en realidad, en Alemania, cada ciudadano con capacidad fiscal, por el sólo hecho de estar bautizado, destina automáticamente a su iglesia (católica o protestante) una cantidad adicional de un 9% sobre lo que paga a Hacienda (un 8% en Baviera y Baden-Wutenberg).

La administración alemana se queda entre un 2 y un 4,5% de comisión. Sólo se libran de pagar aquellos que renuncian a su fe mediante declaración de apostasía. Así, en el 2003, la Iglesia católica de Alemania, la más rica de Europa, ingresó, por la vía del Impuesto sobre la Renta, casi 4.500 millones de euros. ¡Compárese el contraste con los 141 millones que recibirá la Iglesia española por la "crucecita" del IRPF este año 2005! Sería muy extraño, realmente, que el Gobierno implantase este sistema en España.

"Lo de las expropiaciones es cosa del pasado".

En España el Estado tiene una larga tradición de confiscar bienes eclesiales. Cuando al Estado le falta dinero, confisca cosas a la Iglesia. Empezó en 1768 (Reforma de Olavide), cuando se expulsó a los jesuitas y se confiscaron sus tierras. Justo antes de la Guerra de Independencia (desamortización de Godoy) se confiscaron los bienes de hospitales, hospicios, casas de misericordia y cofradías, casi todas ellas entidades eclesiales.

En 1808 era José Bonaparte, el hermano de Napoleón, quien confiscaba bienes eclesiales. En 1823 fueron las Cortes de Cádiz, decretando la reducción a un tercio del número de monasterios y conventos. De 1834 a 1854 la famosa desamortización de Mendizábal confiscó todas las propiedades de monjes y frailes y parte de las del clero secular. En 1855 la Ley Pascual Madoz fue la confiscación más completa de bienes del clero, tanto regular como secular. Estas confiscaciones enriquecieron sobre todo a la burguesía urbana y rural.

Hoy, más eficaz que expropiar es amenazar una y otra vez a la Iglesia con dificultar su financiación. El 4 de mayo de 2004 el ministro de Justicia, Juan-Fernando López Aguilar ya declaró que el Gobierno quiere revisar la financiación de la Iglesia y reformar los Acuerdos de 1979, entre la Santa Sede y el Estado. El 22 de julio era el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, quien anunciaba que la financiación de la Iglesia "tendrá que acabarse algún día".

Pero aún así hoy, en pleno siglo XXI, la tradición de expropiar se mantiene viva. El 27 de diciembre de 2004, uno de los portavoces del tripartito catalán, Joan Boada (IC-V-EUA) pedía en el DIARI DE GIRONA "una confiscación y posterior socialización de los bienes de la Iglesia". En mayo de 2002, el arquitecto Oriol Bohigas, ex-concejal y actual asesor del alcalde socialista de Barcelona, pedía "que la Sagrada Familia sea el vestíbulo de la estación del Tren de Alta Velocidad".

Una víctima preferencial son los conventos de monjas carmelitas: en el 2003 el Ayuntamiento de Córdoba (IU) quería expropiar un huerto a un convento carmelita, pero 40.000 firmas y una oleada de e-mails pararon la medida. Lo mismo intentó el ayuntamiento socialista de León en el 2004 con sus carmelitas descalzas, con la consiguiente oleada de quejas ciudadanas. En Esplugues (Barcelona), el Ayuntamiento socialista este año 2005 acosaba con deshaucios y expropiaciones a un monasterio de dominicas aunque la presión ciudadana ha bloqueado el proceso por ahora.

Dar difusión a esta nota, que puede ser enriquecida con otras aportaciones.

            Un abrazo

 Nicomedes Naranjo

REALIDAD DE LA IGLESIA ( Septiembre 2004)

            Hoy acosar a la Iglesia es acosar a más de treinta y seis millones de ciudadanos, porque según datos del CIS, el 90 por ciento de los españoles nos declaramos católicos y casi diez millones acudimos a Misa con regularidad. También según el CIS, el 82 por ciento de la población española es favorable a la enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas, pero hay quien no se entera. Con las cosas así, algunos no estamos dispuestos a permanecer callados. Alguien tiene que decir alto y claro que hay casi dos millones de estudiantes que acuden a colegios religiosos y no se los puede ningunear ni a ellos, ni a sus familias. La mayoría católica de este país no podemos callarnos y consentir que se nos chantajee impunemente. La Iglesia mantiene, como siempre, intactos sus valores defiende: el concepto de familia, el derecho a la enseñanza religiosa de nuestros hijos... A la Iglesia esa ayuda se la pagamos todos los españoles, libre y voluntariamente, no unos pocos. Ya está bien de tibiezas. Alguien tiene que decir, sin complejos, que la Iglesia es la mayor, más antigua y más eficaz ONG. La Iglesia en España sostiene 107 hospitales; 128 ambulatorios; 876 casas para mayores y minusválidos; 937 orfanatos y centros para la tutela de la infancia; 365 centros especializados en educación y reeducación social. La Iglesia en España dirige 5.197 colegios y centros en los que se educan dos millones de niños. La Iglesia, el año pasado, se hizo cargo de más de dos mil enfermos de SIDA; más de 300.000 personas sin techo; 114.000 inmigrantes y casi 15.000 drogodependientes. Sus 150 capellanes de prisiones son la ventana a la esperanza y el apoyo social de casi sesenta mil reclusos. La Iglesia tiene 22.964 parroquias al servicio de los ciudadanos; 20.000 sacerdotes; 64.000 religiosos; 13.000 misioneros y 14.000 religiosos contemplativos. La Iglesia en España ha atendido en sus centros hospitalarios, ambulatorios y centros sociales a casi 4 millones de personas el último año. Así que menos pamplinas. Si el Estado tuviera que pagarle a la Iglesia toda la labor social que desarrolla entraría en quiebra irreversible porque no habría dinero suficiente en sus arcas para pagarle. Y no deberían olvidarlo, porque siendo los católicos, como somos, el grupo mayoritario en la sociedad, estamos en condiciones de exigir responsabilidades a quien pretenda anular nuestros valores para supeditarlos a sus complejos ideológicos o partidistas.